El denominado “Informe de la comisión internacional de investigación independiente sobre las protestas en el territorio palestino ocupado” revelado a comienzos del mes de marzo y que se trata de un documento con 22 páginas elaborado sobre las respuestas israelíes a los movimientos de la denominada “Marcha del retorno” organizado por el grupo integrista Hamas, ha estado nuevamente sujeto a un elemento de crítica por parte de algunos actores del sistema internacional.
Ha sido casi nulo el nivel de responsabilidad que se le otorga en este caso al Hamas, quienes han destinado millones de dólares no solo a realizar las protestas semanales cerca de la frontera entre Gaza e Israel, sino promoviendo los enfrentamientos de palestinos contra el ejército, así como el envío de objetos incendiarios para causar incendios en Israel, intentos de romper la valla de separación y daños al ambiente con la quema de torres de neumáticos.
En el capítulo XIII del informe, inciso 11 se indica que:
Tanto Israel como el Estado de Palestina son parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otros tratados internacionales fundamentales de derechos humanos y los Convenios de Ginebra de 1949, y están sujetos al derecho internacional consuetudinario. Dentro de Gaza, las autoridades de facto lideradas por Hamas tienen obligaciones con los derechos humanos debido a su ejercicio de funciones similares a las del gobierno.
Sin embargo a lo anterior, en el caso del grupo Hamas que ha transformado la “Marcha del retorno” en una plataforma política para perpetuar su necropoder, han mezclado entre la población civil que protestaba de un modo “regular”, a elementos paramilitares de las Brigadas Izz al-Din al-Qassam como lo manifestó Salah Bardawil del grupo Hamas en mayo de 2018, quien además agregó que la mayoría de los muertos eran parte de su organización.
El mismo capítulo del informe pero en el inciso 12 deja en manifiesto que dicho brazo armado está obligado por el derecho internacional humanitario a proteger a los civiles, por lo tanto el mezclarse con estos y provocar disturbios que lleven a una agresión que ponga en peligro principalmente poblaciones sensibles es un delito a nivel internacional. Pero nuevamente el sesgo interpretativo de la norma (lawfare) se encarga de colocar el peso de la responsabilidad solamente sobre una de las partes, en este caso Israel, lo cual se sostiene con una mayoría de países que se van por el facilismo interpretativo de la norma y buscan golpear con el peso de la ley al Estado de Israel.
El IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949 en su artículo 15 manifiesta lo siguiente:
Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un Estado neutral o de un organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la designación, en las regiones donde tengan lugar combates, de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los combates, sin distinción alguna, a las personas siguientes:
- Los heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;
- Las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de índole militar durante su estancia en esas zonas.
Es obligación de los grupos armados no poner en riesgo a población civil, así como también hay una prohibición explícita de hacerse pasar por civil siendo combatiente y a los civiles que por alguna razón se unen a la beligerancia se les deja de tratar como civiles. Hamas debió desde un punto de vista legal evitar la violencia, ya que pese a lo que el informe expresa, hay pruebas del uso de las marchas para promover enfrentamientos contra el ejército israelí, y eso es parte del desequilibrio del informe. El grupo integrista gobernante de Gaza puso en peligro población civil al convertir el movimiento popular de personas los viernes en un acto de promoción del caos y lo que es más grave, llevó población sensible a las zonas de confrontación, incluyendo personas discapacitadas y niños pequeños, para usarlos como material de propaganda.
El informe de la comisión sufre de problemas de fondo, entre estos que alguna de la información no fue recopilada en el terreno, sino basado en supuestos por datos otorgados por fuentes oficiales del Hamas y allegados. Pese a esto se prepara una segunda parte que es acusar de crímenes de lesa humanidad a oficiales israelíes, lo cual se transformará sin duda en otro teatro político, donde importará más la propaganda que la realidad y donde se dejará de lado violaciones a los DDHH en otros países donde las muertes son cosa de todos los días y donde este tipo de comisiones vuelven a ver para otro lado de forma irresponsable.
