El pasado 1 de abril, el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, anunció a la población que se acercaban “decisiones difíciles” en materia económica. Finalmente, el 17 de abril se presentó la propuesta de presupuesto nacional que será elevada a la Cámara de Diputados, y contempla una baja del 12% al 9% del déficit en el sector público para el ciclo 2019-2020. La medida había sido solicitada por la Conferencia CEDRE, que agrupa a países donantes que colaboran con el desarrollo del Líbano, así como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, el ministro de Finanzas, Ali Hassan Khalil, fue el encargado de explicar el 17 de abril el paquete de medidas, que incluye reducciones y congelamiento salarial por 24 meses y la prohibición de incorporar nuevo personal a la Administración Pública. Actualmente, el país cuenta con unos 150 mil empleados públicos y otros 100 mil jubilados del sector, entre los que se incluye al personal de las Fuerzas Armadas. Pero esto no es todo: algunas fuentes señalan que las próximas medidas incluirán el cierre de representaciones diplomáticas y el recorte de viáticos para viajes de funcionarios.
El Líbano tiene una de las deudas externas más importantes del mundo, sumado a una balanza comercial altamente deficitaria. Las remesas de los libaneses residentes en el exterior, una fuente de financiamiento fundamental para el país, están en proceso de desaceleramiento desde 2017. Según la consultora Goldman Sachs, la inestabilidad política ha hecho al país menos atractivo. El conflicto en la vecina Siria ha afectado al país enormemente: mientras que en 2011 las provisiones de crecimiento rondaban el 8% anual, se estima que este año el país no crecerá más allá del 1%.
Fuente: Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico
